Acuamed como síntoma o el mal gobierno de las empresas públicas

Para diario Bez

Acuamed  hoy, ayer Telemadrid, hace meses Tragsa o Indra, son ejemplos de empresas públicas (o con participación pública) que han sido objeto noticioso por prácticas corruptas, por comportamientos escandalosos de sus directivos o porque han servido de canal para que el poder político los instrumentara al margen de su vocación de servicio al interés general.

Mientras el Estado se retira de los sectores estratégicos, se hace más y más pequeño y debilita las funciones de control y supervisión el lenguaje empresarial, especialmente neutral, se preocupa de que la gestión empresarial se rija por prácticas empresariales identificadas con el buen gobierno y la responsabilidad

 

Paradójicamente, esa preocupación y las recomendaciones consecuentes que se han ido desarrollando, ha limitado su campo de actuación a una parte del colectivo empresarial, las sociedades cotizadas. Y sin embargo, las empresas públicas, marginadas de ese propósito, se encuentran huerfanas de un estatuto moderno que asuma como propio el cumplimiento de las mejores recomendaciones y enseñanzas de esas prácticas  convirtiéndolas en obligatorias.

La detención de Arcadio Mateo del Puerto, el hasta hoy director general de Acuamed, y otras 13 personas, se basan en las sospechas de que parte de los 300 millones de sobrecostes incurridos en la construcción de las desaladoras mediterraneas son ficticios, una mera treta para trasladar a las grandes constructoras recursos públicos, al amparo de altos cargos del Ministerio. Esas practicas corruptas se desplegaron durante varios años sin que los mecanismos de control, internos o externos, detectaran anomalía alguna.

El hecho de que esas infraestructuras se hayan financiado con fondos europeos (un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y cuantiosas subvenciones de la Unión Europea) añade una dimensión internacional al escandalo, apareciendo España como perjudicada  por la incapacidad de su sector publico de garantizar un comportamiento eficiente y responsable en sus empresas y directivos. ¿Qué actitud tomar para evitar que se repita? ¿Cómo impulsar las mejores prácticas del buen gobierno en el sector público? ¿Qué se puede aprender de los códigos de buen gobierno existentes?

Buenas prácticas en la gestión

La codicia financiera, las prácticas corruptas, los maquillajes contables, la ocultación de riesgos a los propietarios, los bonus de los altos directivos desconectados de los resultados de las compañías, son comportamientos identificados por los expertos como transversales a todos los sectores y tipologías empresariales. Es obvio que para prevenirse de ellos, el sistema institucional de supervisión debe perfeccionarse con verificaciones constantes que superen lo meramente formal.

En España, desde 1998 año en el que se implantó el primer Código Olivencia, las prácticas del llamado “buen gobierno corporativo” se han ido ‘perfeccionando’ (la última vez con la reforma de 2013), al menos formalmente, con el propósito de mejorar la eficacia de los Consejos de Administración para que asuman funciones de supervisión y control de las posibles actuaciones oportunistas de los directivos empresariales. ¿Deben los consejos de Administración de empresas públicas alejarse de esas recomendaciones? ¿Deben seguir abasteciéndose exclusivamente de funcionarios de confianza con conexiones directas con el ministro de turno.

La Comisión Europea se refiere reiteradamente a la conveniencia de avanzar hacia un modelo de empresa en el que los equilibrios internos se basan en una estrategia “multi-stakeholder”. Significa reconocer las aportaciones de todos los grupos de interés (“stakeholders”) que intervienen en la acción colectiva de las empresas: accionistas por supuesto, lo que en las empresas públicas significaría presencia funcionarial, pero acompañados por representantes de clientes, trabajadores y de otros grupos de interés en general. ¿No tendría sentido la participación de las comunidades de regantes en una empresa pública como Acuamed? ¿No habría dificultado esa participación las operaciones de corrupción ahora denunciadas?

El Código de buen Gobierno vigente establece como competencias indelegables del Consejo de Administración aprobar la estrategia de la compañía, supervisar que la Dirección cumple los objetivos marcados, controlar la política de inversiones y financiación, la política de gobierno corporativo y de responsabilidad social corporativa, la política de retribuciones y evaluación del desempeño de los altos directivos, la política de control y gestión de riesgos.  ¿No tiene sentido que los usuarios e interesados en los servicios que presta una empresa pública participen en esas funciones del Consejo?

Mecanismos de participación

El modelo económico y empresarial debe evolucionar hacia un modelo medioambientalmente sostenible y socialmente responsable. Debe prevenirse contra los directivos que privilegian su propio interés vinculado a una lógica cortoplacista. Y ese objetivo requiere, al menos en algunos sectores, desarrollar mecanismos de participación de trabajadores en las empresas.

En otro caso reciente, un medio mostraba unas palabras de Alfonso Sanchez, director de Onda Madrid, la cadena de radio de Telemadrid afirmando que el modelo de radio pública no le importaba lo más mínimo: «Me la suda. Como si tengo que cantar yo». Las declaraciones las realizo durante las negociaciones de un ERE, a finales de 2012, pero solo ha sido cesado hace dos días, al filtrarse las grabaciones de esas expresiones. Mientras tanto Onda Madrid ha marcado mínimos históricos de audiencia durante su mandato. En 2014 obtuvo 4.000 oyentes y se convirtió en la emisora autonómica menos escuchada de España. Sánchez percibe 83.000 euros al año y cobra un complemento por la «calidad» de su trabajo. ¿Acaso no  se podría haber evitado una situación como esta? ¿Acaso la participación de los trabajadores en el Consejo, como stakeholder, no es un mecanismo adecuado para reequilibrar los poderes de una empresa y garantizar su futuro?

El modelo de participación de los trabajadores en la gestión empresarial está implementado en Alemania, Austria, Holanda, Francia y los países nórdicos entre otros países de nuestro entorno. En las muchas décadas que lleva implantado se ha demostrado muy importante para consolidar la sostenibilidad de las empresas, una apuesta decisiva a favor de la innovación, la formación de su capital humano. Todo ello redunda en una mayor productividad de las empresas y de su sostenibilidad a largo plazo.  En toda Europa ese modelo funciona y está generalizado en todos los sectores. ¿No podría España implantar experiencias similares obligatorias al menos para todas las empresas del sector público?

Quizás eso evitaría a los ciudadanos el bochorno de seguir sufriendo escandalos como los sufridos en Acuamed y tantas otras empresas públicas.