Ignacio Muro Benayas

Política, economía, medios, participación

Sectores estratégicos y nacionalizaciones, ¿un nuevo consenso?

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ElDiario.es/  @EcoEFC

El repliegue de la globalización es un hecho, al menos la identificada con pautas multilaterales. El orden internacional olía y huele a unilateralismo y a la ley del más fuerte.

Pero la crisis del Covid19 ha matizado las pautas del nacionalismo neoconservador representada por las diferentes versiones de “nosotros, primero” (EEUU, Reino Unido, Italia, Brasil…) al otorgar al estado el papel de actor económico de última instancia, como prestamista, proveedor y garante de actividad.

Esta crisis ha introducido un nuevo matiz en la lógica local/global que augura cierto consenso. La ruptura de las cadenas de suministro reclama un modo de producción con un centro de gravedad más próximo, es decir una economía más autocentrada, y eso supone un cambio esencial en la globalización económica. Significa, en primer lugar, que se asume y reconoce la existencia de sectores estratégicos (alimentación, sanidad, energía…) como articuladores de un proyecto de pais. No es admisible un futuro en el que el 80% de los principios activos de todos los medicamentos que consumen los europeos se sigan produciendo en China e India.

También significa que se favorecerá un proceso rápido de ‘relocalizaciones” de modo que una parte mucho mayor del abastecimiento de la cadena de suministro se atienda mediante proveedores cercanos. Los clustersde cercanía ganan peso cuando se requieren lógicas de abastecimiento más seguras y no solo más baratas. Esas actuaciones estarán incentivadas mediante políticas públicas. El ejemplo más reciente es el paso dado por Japón, cuyo paquete de medidas de estímulo incluye una abultada partida para subvencionar el retorno de compañías japonesas que fabrican en China

Empresas nacionalizadas: entre la socialización de pérdidas y el control público.

La idea de una economía autocentrada significa, por último, el fin del tabú respecto a la nacionalización de empresas, que ahora defienden incluso gobiernos conservadores como el método adecuado para garantizar la actividad y el empleo. Por un lado, anticipa una nueva oleada de socialización de pérdidas; por otro, una oportunidad para replantearse el control público de empresas estratégicas.

Pero no nos engañemos. Incluso después de 20 años de fanatismo neoliberal muchos grandes países han conservado el control de empresas estratégicas. En las recientes relocalizaciones de plantas, en especial en el sector del automóvil, pesan no solo el “efecto matriz” sino tambien la presencia de los estados en su accionariado. En el grupo Volkswagen, el Estado de Baja Sajonia retiene el 12% de las acciones con un 20% de derechos de voto y en Renault, es el estado francés el que mantiene el 15% de acciones con el 20% de derechos de voto. La negativa de Renault a fusionarse con el grupo Fiat/Chrysler estuvo motivada por el miedo a  la excesiva dilución de capital público francés en el conglomerado resultante.

Otro caso.La reciente compra de la división de fabricación de trenes de la canadiense Bombardier por la francesa Alstom fue posible porque la CDPQ (la Caja de Depósitos de Quebec) una institución financiera pública canadiense que era, con el 33%, la principal accionista de Bombardier, mantenía el 18% del capital en la nueva Alstom, una posición relevante como primer accionista, superando el 10% de Bouygues, principal grupo privado francés, lo que le garantizaba un control sobre las políticas de producto, alianzas y de asentamiento industrial.

De alguna forma, la lógica del estado emprendedor de Mariana Mazucarto se ha instalado en las mentes de las clases dirigentes a medida que el mercado se ha evidenciado incapaz de organizar el reparto de recursos a largo plazo, algo lógico en un contexto en el que convergen transiciones medioambientales, tecnológicas y sociales que provocan rupturas imprevisibles y añaden un alto riesgo a las decisiones estratégicas. En un momento así, se asume como un imperativo que el sector público dirija la economía y apueste decididamente por la presencia en determinados sectores.

Una España enmarañada en los tópicos neoliberales

Es el momento de fortalecer el modelo de empresa pública que tenemos en España,  excesivamente subsidiaria y débil en la defensa de los intereses nacionales y excesivamente fácil de adaptar a los intereses partidistas del gobierno de turno. La definición y apuesta por sectores estratégicos exige saltarse tópicos y reforzar la conexión entre impulsos públicos e interés general.

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No podemos olvidar el vergonzoso caso de Endesa, empresa pública nacional de energía, que, siendo un actor estratégico de un sector crucial,  fue primero privatizada para acabar luego siendo una filial de la empresa pública de energía de otro país, Italia. La consecuencia de ese prodigio de desnacionalización es conocida: lo primero que hizo ENEL fue vaciar las arcas de la tesorería de su filial Endesa.

La presencia pública no tiene por qué ser solo una garantía de último recurso sino guiar, en momentos importantes, actuaciones de interés general.  En España el caso de Bankia ofrece otro contraste paradigmático. Si el Estado controla a través del FROB el 70% del capital social no se entiende que no ejerce ese poder cuando, en esta crisis, necesitaba un banco público con capacidad para garantizar una gestión rápida de los programas de avales y subvenciones, y que se haya “olvidado” de utilizarlo como palanca ante las evidentes dificultades del ICO.

Que ese “olvido” corresponda a un gobierno progresista indica hasta qué punto estamos maniatados por prejuicios ideológicos que nos incapacitan para entender el mundo en el que nos adentramos.

No será posible ningún pacto social de reconstrucción si no se impulsa un nuevo consenso sobre el papel del sector público dotándole de un blindaje institucional suficiente y adaptado a las normas comunitarias.  Y ello obliga a explicitar y precisar qué rol y qué límites tiene el capital público en ese trance, qué exigencias comporta y cómo avanzar en el buen gobierno durante y después de pasada esta crisis, qué cuotas merece la pena conservar y en qué sectores y cuáles no.

Hoy el progreso pasa por relanzar ese debate.

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Fortalecer el estatuto de lo público

Ello pasa por definir una administración “ad hoc” a la que estarían sujetas las empresas públicas para hacer de ellas organizaciones que combinen “interés general” con administración autónoma.  Una solución pasaría por la definición de “contratos de empresa” en los que se acotase el interés público buscado y el control de sus resultados, con indicadores globales de creación de valor. Otra solución podría consistir en organizar el interés general desde la figura de Fundaciónque tiene la facultad de blindar su misión presentada como la ‘voluntad del fundador’, un recurso más armado que la mera descripción del objeto social incluido en los estatutos. Conviene recordar que es una fórmula empleada por muchos grupos relevantes, tanto en España (Mapfre, El Corte Ingles, Caixabank…) como en otros países europeos.

Las empresas públicas, (con participación de capital público de cualquier nivel municipal, regional, estatal) deben estar obligadas a escalar en las máximas cotas participativas y, al tiempo, ser vanguardia en modelos de gestión eficientes y profesionales para otorgar la máxima estabilidad y coherencia a los proyectos públicos. Ello requiere incorporar a las organizaciones del sector público dosis masivas de talento si se quiere que ejerza liderazgo en la recuperación. La colaboración pública-privada no puede poner los servicios públicos al servicio de lógicas mercantiles cortoplacistas.

Hay que impulsar una administración profesional que reinterprete “lo público” desvinculándola del planteamiento burocrático y centralizado desarrollada en el siglo pasado: la propiedad pública se debe identificar ahora con “participación social” lo que significa una gestión democrática realizada por los principales involucrados en su proyecto: principalmente sus trabajadores pero también proveedores, consumidores y otros representantes de la comunidad. Definiendo en cada caso la participación en el gobierno de aquellos “stakeholders” que sean identificables y representativos.

Los sindicatos del sector público no pueden seguir comportándose como “defensores de intereses de parte”, están obligados a interiorizar un nuevo papel e intentar liderar una propuesta de objetivos y metas que ofrezca alternativas a los otros interesados en su futuro. Y eso significa asumir que las empresas públicas deben combinar participación y profesionalidad si queremos impulsar, una economía sostenible como expresión de interés general.

De alguna forma hay que aprovechar esta oportunidad para debatir sobre cuales son nuestras necesidades estratégicas y en los cambios del modo de propiedad como parte de las necesidades del momento. Ese es el reto hoy.

 

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