“Otra propuesta alternativa al Canón Digital. Carta abierta al presidente del Gobierno»

                                 

  Publicado en Diario PÚBLICO 1-2-2008  

Estimado Presidente, la implantación de un canon digital sobre la copia privada
como concreción de la Ley de Propiedad Intelectual no ha acabado con el debate
social sobre la forma de retribuir los derechos de propiedad intelectual. La
actitud confusa y oportunista del PP, con una agenda oculta basada en la
obstaculización de las redes de intercambio de contenidos (P2P), en la línea de lo propuesto por Sarkozy, lo ha colocado incluso en el centro de la batalla
electoral.

 
Reconocer la excepcionalidad y transitoriedad de la solución adoptada es
imprescindible para encontrar un nuevo consenso social sobre este importante asunto. Su compromiso de estudiar cualquier alternativa al canon digital que apoye a los creadores y a la propiedad intelectual, concede una nueva oportunidad que una organización progresista como la nuestra que vincula a profesionales del conocimiento, entre empresarios, funcionarios y directivos de grandes empresas, no puede desaprovechar.
 
Sin más dilación pasamos a exponerle la esencia de nuestra propuesta:
 
La creación cultural y la propiedad intelectual son un componente esencial del desarrollo de la Sociedad del Conocimiento. Es, por tanto, muy peligroso e injusto transmitir que el impulso de ésta pone a la cultura en peligro. Ni lo
está por el lado de la oferta, porque existen ahora más creadores que nunca, ni lo está por el lado de la demanda, porque existen más canales para acceder a ella que nunca. Nuevas tecnologías (TIC) y creación cultural forman parte de un todo que no está en contradicción.
 
El desarrollo de las TIC está provocando, sin embargo, la rápida crisis de los
modelos de negocios tradicionales basados en soportes físicos y en los
mecanismos de distribución asociados a ellos. Los creadores y la industria no han encontrado todavía los mecanismos adecuados que compensen los esfuerzos invertidos en la creación. Como en otros cambios tecnológicos, los actores y las instituciones públicas se enfrentan a un doble reto: por un lado, a facilitar el tránsito desde lo viejo a lo nuevo con el fomento a nuevas formas de relación y
negocio cultural y, por otro, a paliar en lo posible el rápido deterioro de los
ingresos de los autores de bienes culturales sentido en los últimos años.
 
Es obligación del Gobierno facilitar un cauce de solución a los creadores,
representados por las asociaciones de gestión de derechos, y suministrar los
recursos públicos, directos o indirectos, que considere adecuados. Pero es
imprescindible distinguir entre actuaciones permanentes y transitorias y, entre
competencias delegables e indelegables. Y también lo es distinguir entre los
diversos medios existentes –canon digital o impuesto cultural– y entre los
diversos fines –compensación por lucro cesante y promoción a nuevas formas de
negocio– como obligado es delimitar claramente los fondos existentes para cada
fin.
 
El Estado ha asumido en muchos casos la tarea de ayudar a la reconversión de un
sector en crisis. Pero, cuando lo ha hecho, ha limitado en importe y plazos el
alcance de la ayuda. Las aportaciones públicas, procedentes del conjunto de la
sociedad, no pueden ser, permanentemente, la fuente principal de ingresos de un
sector. Su objeto es la reconversión, no la permanencia: ninguna industria debe
ser “compensada” por la aparición de un avance tecnológico, está obligada a
adaptarse a la situación que dicho avance genera. El Estado no puede sustituir a
la sociedad ni al mercado.
 
La lógica del lucro cesante, basada en el cálculo teórico de los ingresos que se
dejan de percibir por usos irregulares de bienes culturales, se muestra
inadecuada cuando va transcurriendo el tiempo y se aleja el origen del problema.
Distinguir entonces un reparto equitativo de fondos que compense, por un lado,
la pérdida de ingresos por derechos de autores consagrados, con obras de una
cierta antigüedad, y, por otro, las de los autores noveles con obra reciente,
que no llegan a captar la atención de la industria, se convierte en una quimera.
 
En consecuencia, los recursos aplicados a compensar esa merma de ingresos deben
tener una magnitud decreciente, mientras los dedicados a la promoción de nuevos
modelos y relaciones deben aumentar su importancia. Corresponde al Gobierno de
la nación gestionar directamente los programas que impulsen esos nuevos modelos,
programas en los que podrá participar cualquier asociación o entidad cultural
que cumpla los requisitos que se establezcan, sean o no sociedades de gestión de
derechos.
 
La Ley de Propiedad Intelectual asigna al Ministerio de Cultura la tarea de
asegurar la transparencia con la que se gestionan los recursos del canon y le
faculta para ejercer el control sobre las entidades de gestión a las que obliga
a presentar, dos veces al año, una relación pormenorizada de las declaraciones y
los pagos efectuados. El primer control se producirá el próximo 30 de junio.
 
Ese momento debe servir de referencia para poner en marcha una nueva Comisión
que analice ésta y otras propuestas presentadas por los diferentes actores en
respuesta a la solicitud del Presidente del Gobierno. Ese compromiso debería
formar parte de su programa electoral.
 
Facilitar el tránsito entre lo viejo y lo nuevo requiere un conjunto de
actuaciones con un horizonte definido, que proponemos inicialmente de cinco
años. Estamos convencidos de que, más pronto que tarde, las tecnologías de la
información acabarán suministrando nuevas formas de retribuir la creación, hoy
desconocidas, y con ellas el desarrollo de la cultura.
 
 
Ignacio Muro Benayas es Director General de la Asociación Información y
Conocimiento (ASINYCO)